lunes, 13 de julio de 2009

CERMI pide que las empresas que no contraten discapacitados no puedan contratar con las AA.PP.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha elaborado un documento de propuestas normativas en el que, entre otras, pide que la Administración “no tenga contrato alguno con aquellas empresas que no cumplen la reserva de cuota de empleo para las personas con discapacidad”, con el objetivo de que se incluyan en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible.

En este sentido, el CERMI reseña que estas propuestas tienen un “inequívoco fundamento” en el deber legal de los poderes públicos en nuestro país para adoptar medidas de acción positiva en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación, así como de cumplirlas de modo efectivo.

Así, el CERMI destaca que “el desempeño de un trabajo adecuado es la mejor manera que tienen las personas con discapacidad para mejorar su calidad de vida y conquistar mayores cuotas de autonomía en su camino hacia una forma de vida independiente, por lo que, su inclusión laboral debe ser una prioridad de las Administraciones Públicas”.

“Los instrumentos que sirven a dicho objetivo, sin duda, se encuentran en los contratos públicos, mediante los que se pueden atender a consideraciones de tipo social y, a través de la cláusula social, potenciar un mayor empleo de las personas con discapacidad”, afirma el CERMI en el documento.

El CERMI considera, por tanto, fundamental la acreditación del cumplimiento de la normativa vigente en materia de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad o de la aplicación de medidas alternativas de carácter excepcional.

“Con esta medida no se crearía obligación alguna, sino que tan sólo se recordaría la misma y se exigiría que se acredite el cumplimiento de una obligación legal imperativa y exigible desde hace años en nuestro país”, asegura el CERMI.

Además, recuerda el “todavía gran incumplimiento existente de esta obligación legal”, ya que “actualmente se entiende que el grado de cumplimiento de dicha cuota no sólo no llega al preceptivo 2% como ordena la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), si no que se encuentra entre el 0,5% y el 1%”.

Del mismo modo, el CERMI considera que esta medida “resultaría muy importante ante la actual coyuntura económica, al incidir muy favorablemente en la creación de empleo, y al reducir el gasto público o aumentar los ingresos, al generarlos de forma directa la actividad laboral de dicho sector en forma de impuestos y cuotas a la Seguridad Social”.

El CERMI también propone la exclusión de cualquier subvención pública de aquellas empresas que incumplan la obligación de reserva de empleo.

“La obtención de cualquier subvención pública debería estar condicionada a que la empresa acreditara el cumplimiento de la obligación de reservar un 2% de los puestos de trabajo a personas con discapacidad en los términos establecidos en la LISMI”, asegura el CERMI.

Por otro lado, a efectos de lo que dispone la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), que permite la reserva de adjudicación de algunos contratos a favor de los Centros Especiales de Empleo, o de su ejecución, a programas de empleo protegido, el CERMI destaca que “sería muy positivo su incorporación al anteproyecto de Ley de Economía Sostenible”.

“Esta reserva legal para estas entidades que desarrollan una importante función social ayudaría al mantenimiento, crecimiento y potenciación de una estructura básica para la plena inclusión laboral y, por tanto, social, de los trabajadores con discapacidad”.

Por último, el CERMI insiste en incidir en que esta reserva de contratos muestra igualmente el compromiso de las Administraciones Públicas hacia las personas con discapacidad aplicando medidas de acción positiva.

“No sólo no generaría coste económico alguno, sino que incidiría favorablemente en la creación de empleo y en la productividad y competitividad”, concluye.

El CERMI es la plataforma de representación y encuentro de las personas con discapacidad que aglutina a casi 5.000 asociaciones y entidades, que representan en su conjunto a los cerca de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España. Su objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía en igualdad de oportunidades de este colectivo.

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